Consejo de administración de un banco público.

Contra lo que algunos pensaban, el hecho e que varios bancos y cajas haya pasado a manos públicas no ha supuesto una paralización de los desahucios, ni mucho menos.

Bankia, por ejemplo, que es la suma de varias cajas de ahorros, sigue batiendo records  con su política de poner en la calle a los hipotecados morosos al tiempo que prepara una gran subasta de viviendas con descuentos de hasta el 60 %.

Todo esto puede sonar en principio incomprensible, pero tiene su explicación, y por eso le dedico un artículo, aunque sólo sea para que algunos habitantes del país de la piruleta entren en contacto con la realidad.

En primer lugar, la banca pública española procede de la fusión de otras entidades que también eran de titularidad pública o se regían al menos pro el derecho público. En e caso de Bankia, las entidades que la formaron fueron Caja Madrid , Bancaja,  La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia. O sea, todo cajas y todas públicas. Esto significa que las viviendas que están en sus manos tienen que producir algo, lo que sea, o serán los impositores de esas cajas, o todos los españoles, vía impuestos, los que apechuguen con el mochuelo. No hay accionistas a los que decir que se joroben y palmen. Los accionistas éramos nosotros antes de la nacionalización y somos nosotros después.

En segundo lugar, soy el primero en pedir que se dé una solución a la problemática social que se genera cada vez que una hipoteca acaba en desahucio, pero esa solución no puede darla la banca, y menos cuando actúa en nombre de todos. Un banco privado puede permitirse la obra de caridad, o el acto de publicidad, de perdonar un de esas hipotecas o convertirlas en alquileres sociales, pero un banco público, en un Estado de derecho, no puede permitirse nunca semejante cosa, por el principio de buena gestión  e igualdad ante la ley.  Por eso precisamente eran tan duras las dictaduras socialistas: porque decían actuar en nombre de la sociedad.

La solución, por tanto,  los problemas de los hipotecados que no pueden pagar, tendrá que venir desde el ministerio de asuntos sociales, o de algún organismo semejante, pero nunca de una banca que es de todos, mientras en Europa nos miran a ver si cumplimos con las mínimas normas de seriedad en la gestión de lo que es de todos.

Es lo que hay.