“No es culpa mía, sino tuya, o del otro, y si no ya buscaremos a alguien para echarle la culpa, pero que quede claro que quiero que me vendas mis viviendas, pero a buen precio y sin que yo tenga que hacer nada”.
Eso parecen estar diciendo las empresas constructoras y promotoras de la Comunidad de Madrid a las Administraciones, que les han puesto sobre la mesa varias opciones para dar salida al stock de viviendas (más de 50.000 pisos vacíos en la Comunidad de Madrid) y ellos no se están aprovechando de ninguna.
Ahora la polémica está servida, porque los constructores echan la culpa al Gobierno central por no poner soluciones a su situación, el Gobierno central echa la culpa al Gobierno autonómico por no adaptar las normativas estatales, y el Gobierno autonómico echa la culpa a los constructores por no aprovecharse de las opciones que se les ofrecen.
¿Quién tiene la culpa? Al final la tendremos nosotros, los ciudadanos de a pie, por no comprar los pisos, ya verás.
El caso es que el Gobierno de Zapatero lanzó hace un par de años una medida que se está mostrando como muy efectiva en otras Comunidades como, por ejemplo, en Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
La medida permitía a los constructores clasificar como protegidas todas aquellas viviendas que llevaran más de un año sin ser compradas. A cambio de ello, el precio se tenía que amoldar a unos máximos fijados por el Gobierno.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid no adaptó esa medida hasta hace un par de meses, y de momento ningún empresario se ha adherido a esa solución. El problema está en que se han perdido casi dos años en los que se podía haber estado funcionando con esta solución.
Una vez más, vemos como las disputas entre Administraciones provoca un perjuicio evidente al ciudadano, ya que los habitantes de Madrid podían haber adquirido viviendas a precios más económicos durante los dos años pasados.