El debate sobre la dación en pago es para volverse locos

A pesar de que se puede debatir largo y tendido sobre las ventajas y los inconvenientes de la dación en pago, lo que está claro es que gran parte de la sociedad está dispuesta a luchar por su aplicación a todos los niveles, y de manera retroactiva, como método fundamental para combatir la crisis y, sobre todo, sus efectos en forma de ejecuciones presupuestarias.

Esta vez ha sido una iniciativa legislativa popular la que ha conseguido llegar al Parlamento Vasco, donde se debatirá sobre su posible aplicación a todas las hipotecas concedidas dentro del límite geográfico de la Comunidad, en una iniciativa promovida por Los Verdes vascos.

Las ventajas que proporciona la dación en pago son evidentes, y nadie las puede discutir. Gracias a ella se conseguiría que las familias pudieran responder en caso de embargo hipotecario con la entrega de la vivienda que sirvió como garantía a la hora de formalizar el contrato hipotecario, sin que quedara, como actualmente queda la deuda para el cliente por la diferencia entre el precio de venta en subasta pública y el capital pendiente por amortizar.

Pero de lo que poca gente habla con seriedad, y desde el rigor, es de las desventajas que conlleva la dación en pago. En plena vorágine del debate habría que pararse a pensar que la aplicación de la dación en pago nos llevaría a tener que pagar unos diferenciales mucho más elevados y a recibir una financiación menor. Es decir, si en estos momentos estamos hablando de unos diferenciales medios cercanos al punto, y de una financiación sobre el 80%, nos estaríamos yendo a diferenciales cercanos a dos puntos porcentuales y financiaciones que rara vez superarían el 60%.

Nos encontramos, por tanto, ante una dicotomía clara, entre lo que quiere la sociedad. Poder resolver los embargos hipotecarios con la entrega de la vivienda, o hipotecas asequibles y más baratas. El problema es que esta reflexión no se ha hecho de verdad.

En lugar de ello, todos nos hemos dedicado a luchar por la dación en pago para que la gente que se está quedando sin vivienda al menos no mantenga la deuda, pero una reforma legislativa de este nivel exige cierta reflexión más profunda.