Como veis, estos días trato de escribir sobre algo más que hipotecas, aunque sólo sea tratando de responder a las muchas cuestiones que surgen en este blog o en otros en los que participo.
Sabréis ya, porque lo sabemos todos, que las entidades financieras han rebajado el nivel de confianza de la deuda autonómica española hasta límites de bono basura en varios casos y poco menos en otros.
O sea, que la mayor parte de las autonomías van mal, con rachas atemporaladas de muy mal o incluso desastroso si nos referimos, por ejemplo, a Cataluña o Valencia.
Lo que nos puede el cuerpo en estos casos es despotricar contra el despilfarro de los políticos, pedir su cabeza, la guillotina o el garrote vil, pero lo ciertos es que, siendo todo eso necesario, convendría antes que nada saber qué ha pasado para llegar a esta situación.
El problema es fundamentalmente un caso sangrante de incentivos perversos: los gobiernos autonómicos prestan los servicios a los ciudadanos, pero en lugar de cobrar los impuestos y tener capacidad normativa sobre ellos, para subirlos o bajarlos, se limitan a pedir transferencias de dinero al Estado central. ¿Y qué sucede? Pues que mediante este mecanismo deja de haber relación entre los servicios que se prestan y los impuestos que se cobran, de manera que una comunidad tiene más o menos dinero según lo bien o mal que negocie con el Gobierno, y hno según los impuestos que cobre a los ciudadanos.
Si los valencianos, por poner un ejemplo, hubiesen tenido que pagar un céntimo más en la gasolina para poder tener un premio de Formula 1, a lo mejor el presidente de Valencia hno se hubiese atrevido a cobrarlo, por miedo a que le cortasen los cataplines. Pero como bastaba con pedir, pidió, se lo dieron, y ahí estamos.
Lo otro, lo de la mala gestión, la corrupción, el mamoneo, el despelote generalizado de las competencias, el amiguismo, las competencias solapadas, las duplicidades y la alegría contratando afiliados de su partido como funcionarios ni lo menciono. Es tan obvio que no merece ni dos líneas.