Esta semana se ha confirmado la aprobación de las medidas hipotecarias que han venido avanzando los diferentes miembros del Gobierno en las pasadas semanas, con el objetivo principal de conseguir que las familias con mayores riesgos de exclusión social no caigan en el drama social que el embargo genera.
De esta manera todas las familias con todos sus miembros en situación de desempleo y cuya cuota hipotecaria supere el 60% de sus ingresos, incluyendo las prestaciones por desempleo, podrán acogerse a las ventajas que ofrece esta nueva modificación legislativa, siempre y cuando se trate de la vivienda habitual y el valor de la hipoteca no supere los 200.000 euros, en las grandes ciudades, y 120.000 en las ciudades más pequeñas.
Para estos casos las entidades financieras estarán en la obligación de aceptar la refinanciación de la deuda hipotecaria de las familias, de manera que se pueda reducir, de manera importante, la cuota hipotecaria mensual a pagar, y se consiga así que puedan salir adelante.
En primer lugar, las familias se podrán acoger a un período de 4 años de carencia durante el cuál sólo pagarán intereses, con lo que su cuota se reducirá, aunque al final tendrán que pagar el capital que han dejado de pagar en estos momentos iniciales.
En segundo lugar, también se permite la ampliación del plazo de amortización de la hipoteca hasta 40 años, lo cuál facilitará, igualmente, la reducción de la cuota mensual, así como se prevé una reducción del tipo de interés a aplicar a Euríbor + 0.25, independientemente de lo que se tenga firmado en el contrato hipotecario.
Con ello se conseguirá reducir el esfuerzo que tienen que realizar las familias para pagar sus cuotas mensuales, confiando en que en un futuro puedan recuperar sus empleos y con ello se encuentren en disposición de poder pagar sus hipotecas en situación más normalizada.
Sin embargo, las asociaciones de consumidores y de hipotecados creen que estas medidas no resuelven el problema en términos generales, sino que tan sólo son parches del sistema, pero que la verdadera solución se encontraría en la aplicación de la dación en pago en términos generales para todas las familias.