La dama de la injusticia
Varios medios se han hecho eco de esta situación que se está produciendo de manera cada vez más generalizada en nuestro país. Se trata de parejas adjudicatarias de Viviendas de Protección Oficial, tras ganar la lotería correspondiente en su respectiva Comunidad Autónoma, que no pueden acceder a dicha vivienda porque son incapaces de encontrar hipoteca.
Imagínate el drama. Meses y meses esperando y presentando miles de documentos, enfrentándote a la burocracia más absurda, valga la redundancia, y tras llevarte la alegría inicial de obtener una vivienda te encuentras con el drama de que no puedes acceder a ella porque no encuentras hipoteca.
Y es que el cierre de grifo de los bancos o cajas sigue siendo palpable. Se han cerrado en banda y sólo conceden hipotecas a aquellas familias de una solvencia demostrada, con unos ingresos suficientes como para hacer frente a las cuotas de manera desahogada y permanente.
Lo cuál entra en contradicción con el concepto de Vivienda de Protección Oficial. Se supone que para poder acceder a participar en el sorteo de este tipo de viviendas debes de encontrarte en una situación económica determinada, con un techo de ingresos anuales.
Pero luego ese techo de ingresos te supone un impedimento delante del banco, al menos en estos momentos, que no se arriesga a darte la hipoteca porque no confía que puedas hacer frente a los pagos ahora, o en el futuro. Por tanto, te exigen “ser pobre” para lograr una Vivienda de Protección Oficial, y “ser rico” para poder pagarla.
La solución a este problema es sencilla siempre y cuando se aplique con responsabilidad. Bastaría con que la Administración regional correspondiente sirviera de garante del pago de las cuotas, como viene haciendo en la Bolsa Pública de Alquiler.
De esta forma, el banco tendría una garantía de pago y no le importaría conceder la hipoteca a este tipo de familias, mientras que estas últimas podrían acceder a la Vivienda de Protección Oficial que han ganado en el sorteo.
Esa es la única forma de que no se produzca un embudo administrativo, propiciado por el limbo en el que quedan esas viviendas, amén de la injusticia que supone que no las puedan ocupar sus ganadores en lícito sorteo.
