Bueno, pues parece que el Gobierno se ha decidido de una vez a cumplir la vieja expectativa de algunos sectores sociales, aunque todavía no hay nada hecho y se trata de un plan, uno de esos planes que acaban en leyes, en aguas de borrajas o en inquilinos mediopensionistas sin derecho a desayuno.
¿Y de qué se trata? De acabar con la construcción de Viviendas de Protección Oficial en régimen de propiedad para poner todo el énfasis en la Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler.
Como siempre, en estos casos, hay opiniones para todos los gustos, pero a mí, personalmente, me parece una medida positiva, sobre todo en un momento en el que la vivienda ha dejado de ser un bien exclusivamente de utilidad para convertirse en un refugio de capital.
Precisamente por eso, el bien debe ofrecer su utilidad, que es servir para que la gente viva en él, peor me parece injusto, y hasta diría aberrante, que el resto de españoles paguemos a escote la propiedad de unos frente a la de otros.
La vivienda de protección oficial no deja de ser una subvención que unos ciudadanos, por unas determinadas circunstancias y condiciones, reciben del erario público. Que se permita su utilización en condiciones ventajosas puede ser justo, pero que se convierta en una riqueza familiar por el hecho de que alguien haya ganado un sorteo (o más frecuentemente porque haya tenido cierto tipo de mano entre quienes la concedían) no es de recibo.
Lo que, de todas maneras, no se termina de entender es que siga subvencionando pro un lado la creación de un parque de viviendas públicas en alquiler y por otro se rescate a los bancos con dinero público sin obligarlos a que todas esas hipotecas que lastran sus balances y sus carteras no pasen precisamente a engrosar el parque público de vivienda.
¿En qué quedamos? O necesitamos vivienda pública, y en ese caso podemos quedarnos con toda la que queramos a cambio de las jugosas, chorreantes, catarátricas ayudas públicas a la banca, o no la necesitamos, y en ese caso no queda claro qué pintan estas promociones.
Lo que se sospecha, al final, es que necesitamos que se construyan viviendas, porque el cemento es la droga que pide en vena nuestra economía, llena de políticos que no saben hacer otra cosa y, pro qué no decirlo, millones de trabajadores que tampoco saben hacer otra cosa.
Pena, oigan…