Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevan un tiempo luchando por conseguir un objetivo que, al principio, parecía imposible, pero que, poco a poco, va cobrando forma ya que han conseguido que, al menos, se discuta en el Parlamento sobre ello.
Esta asociación de consumidores y usuarios de hipotecas solicitan que el régimen jurídico español se equipare al de otros países europeos, y, sobre todo, al de Estados Unidos, un verdadero referente en este aspecto, a la hora de finalizar el trámite de embargo por parte de la entidad financiera.
En España, cuando el banco o caja ejecuta la hipoteca se queda con la vivienda en propiedad, pero ahí no termina la deuda del usuario con la entidad. La deuda seguirá existiendo por la diferencia entre el valor restante de la hipoteca y el valor de venta del inmueble en subasta pública, lo cuál provoca que, al ser, normalmente, un precio de venta bajo, siga existiendo una deuda importante.
Lo que piden desde la Plataforma, y están cargados de razón, es que la deuda finalice con la entrega de la vivienda, lo que jurídicamente se conoce como “dación en pago”. Es decir, que una vez que el banco se queda con la vivienda la deuda quede zanjada, por lo que el daño que recibe el consumidor es menor.
Sin embargo, no están pidiendo esta figura para todas las hipotecas, que en mi opinión sería justo, sino que lo solicitan para los “deudores de buena fe”, es decir, aquellos deudores que pudieran probar fehacientemente su incapacidad para hacer frente a los pagos de las cuotas, y, siempre, para primera residencia, evitando así posibles fraudes y especulaciones.
Con un poco de suerte estas propuestas saldrán adelante, por parten del sentido común, y en breve conseguiremos tener un régimen jurídico con cierta lógica, con cierta equidad entre las entidades financieras y los usuarios, porque actualmente la balanza está claramente inclinada hacia las primeras, que tienen toda la situación bajo control y la sartén claramente agarrada por el asa, haciendo lo que les viene en gana.
Es de agradecer que, ante la falta de firmeza de los legisladores españoles, aparezca un grupo de ciudadanos dispuestos a hacer valer sus derechos y a exigirlos siguiendo los cauces democráticos.