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Chocando contra el suelo, contra la cláusula suelo, se entiende

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Todos a una contra la cláusula suelo

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU para los amigos, ha presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados para que se impida, por ley, la inclusión de las cláusulas suelo en las hipotecas que se firman en España. Una buena propuesta, pero llega un poco tarde, ¿no?

Una vez más se demuestra que todas las organizaciones y todos los organismos van siempre por detrás de la realidad, nunca se adelantan a ella. Las cláusulas suelo son abusivas, dice la OCU, y yo, como tú, supongo, estoy de acuerdo, pero estoy seguro de que era igual de abusiva hace cinco años que ahora y, sin embargo, nadie pareció darse cuenta de ella.

Si partimos de la base de la falta de cultura financiera de la sociedad española podemos dar por descontado que la inmensa mayoría de las personas que firmaron una hipoteca ni siquiera conocían la existencia de una cláusula de este tipo. Ahora bien, los organismos como la OCU se supone que existen para proteger los intereses de los consumidores y usuarios, no para protestar por situaciones que se están produciendo, para lo que servimos todos.

Porque lo que está haciendo la OCU ahora mismo es lo que han hecho gran parte de los deudores de hipotecas, darse cuenta de que las cláusulas suelo existían una vez que ya no había vuelta atrás, una vez que ya están firmadas y no queda otra más que resistir a sus consecuencias.

Las cláusulas suelo deberían de estar prohibidas por ley, estoy de acuerdo, porque suponen una clara asimetría en los derechos y deberes de las dos partes firmantes del contrato de hipoteca. La entidad financiera se beneficia de cualquier subida de tipo de interés, sin límite alguno, mientras que el consumidor sólo se beneficia de los descensos hasta un nivel. Los contratos son privados y como tales debe respetarse la libertad de las partes para firmar las cláusulas que consideren oportunas, pero en un contrato de hipoteca no hay igualdad de poder entre los contratantes, por lo que las Administraciones deben legislar.

Bien haría la OCU en dedicarse a analizar los contratos que se están firmando para poder darse cuenta de las injusticias antes que los propios usuarios, porque de otra forma de limita a ser una caja de resonancia de las críticas sociales.