La vía de escape de la crisis de crédito
Independientemente de nuestras opciones políticas seguro que estamos todos de acuerdo en el hecho de que España necesita un sistema hipotecario de calidad que evite que se vuelva a producir una situación como la que todavía estamos sufriendo y que podamos mirar al futuro con cierto optimismo.
Por ello, las propuestas de mejora del sistema se suceden de manera continuada desde todos los sectores, siendo tres las que han ganado más adeptos, como son la dación en pago, el límite legal al 80% del valor de tasación del inmueble y el seguro de crédito.
En primer lugar, la dación en pago parece desechada por los analistas hipotecarios porque consideran que generaría una restricción mayor al crédito, a la vez que se encarecería el mismo mediante un incremento en los diferenciales aplicados por las entidades financieras. Sería una manera de penalizar a la mayoría para beneficiar a una minoría.
En segundo lugar, el límite legal al 80% del valor de tasación de los inmuebles obligaría a las familias que quisieran comprar una vivienda a tener ahorrado el restante 20%, o bien a contar con un apoyo familiar que se lo pudiera ofrecer. En este sentido, las familias más humildes y, sobre todo, el colectivo inmigrante, se quedaría claramente fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda, con lo que podría ser socialmente injusto.
Y, en tercer lugar, el seguro de crédito parece ser la opción más viable porque no restringiría el crédito ni las opciones de las familias españolas, aunque sí encarecería el diferencial aplicado por las entidades financieras, en un porcentaje que rondaría el punto porcentual, según los expertos.
En definitiva, la clave está en comprender que cualquier opción elegida genera unas consecuencias positivas y otras negativas, y que ambas deben de ser colocadas en una balanza a la hora de poder calibrar la mejor opción de cara al futuro y al presente.
En este sentido, parece que la menor distorsión provocaría en el sistema hipotecario sería el seguro de crédito, ya que garantizaría unas condiciones de acceso adecuadas, a la vez que no penalizaría en exceso en cuanto al precio que habría que pagar.