Por fin alguien intenta hacer algo
Parece que por fin nos encontramos con una Administración con voluntad de intentar resolver el asunto de los desahucios y no limitarse a verlas venir sin aportar ninguna solución plausible. Se trata de la Junta de Andalucía que desde ya empezará a ejecutar expropiaciones sobre las viviendas que estén sujetas a desahucio.
Evidentemente, no se trata de una medida general ni universal, sino que se aplicará sólo para aquellas familias que se encuentren en claro riesgo de exclusión social, las cuáles tendrán que cumplir unos requisitos de renta y de incremento importante de la carga hipotecaria con respecto a sus ingresos mensuales, para evitar así posibles fraudes.
La expropiación, eso sí, no será permanente, sino que se tratará de una medida temporal que se aplicará durante un plazo no superior a 3 años y servirá para que las familias puedan seguir residiendo en sus viviendas a pesar de la crisis económica. A cambio de la cuota hipotecaria se les impondrá un alquiler social ajustado a las posibilidades de cada familia para asegurar así la calidad de vida de las familias implicadas.
Se trata de una medida que parece hacer justicia con aquellas familias en dificultad, aunque ha levantado cierta polémica por su más que posible inconstitucionalidad ya que la expropiación se realizaría sin una justificación clara desde el punto de vista legal.
Pero esta medida no es, ni mucho menos, tan polémica como sí es la otra que ha visto la luz a la vez. Se trata de un decreto ley que obligará a las personas jurídicas que tengan en propiedad una vivienda la cuál se encuentre vacía a ponerla en alquiler en un plazo máximo de 6 meses, de forma que si transcurrido dicho plazo la vivienda siguiera vacía la persona jurídica tendría que enfrentarse entonces a fuertes multas económicas.
Nos encontramos, en definitiva, con dos medidas de calado que pueden gustar más o menos pero que, al menos, sirven como intento de empezar a solucionar el grave problema de vivienda que seguimos teniendo en nuestro país y que ninguna Administración ha sabido o querido solucionar, por respeto a las reglas de juego establecidas o por favores debidos, tú decides la razón.