El pueblo unido jamás será vencido
Dice la teoría de la democracia que en las elecciones elegimos a nuestros representantes para que promulguen las leyes que demandamos como pueblo, pero del dicho al hecho hay un buen trecho, y al final nuestros representantes promulgan leyes al antojo de los grupos de interés, que son los que, al final, ponen y quitan cargos públicos.
La aparición de la crisis inmobiliaria no ha hecho más que confirmar esta situación, con peticiones desde diversos ámbitos para que los políticos tomaran medidas en favor del pueblo, y no de las entidades financieras (por ejemplo, Obama ha prohibido los embargos en Estados Unidos), pero todas estas peticiones han caído en saco roto, por la sencilla razón de que no provenían de un grupo de presión.
Pero hartos ya de esta situación, ADICAE Cataluña ha decidido recurrir a una figura jurídica poco conocida en nuestro ordenamiento, aunque sí muy utilizada en otros países, como es la Iniciativa Popular Legislativa, que, entre otras cosas, dio pie a la prohibición de las corridas de toros en esa Comunidad.
La principal propuesta que quieren incluír en esta ILP es la dación en pago como figura exigible en todo contrato de préstamo hipotecario, así como también una ley de sobreendeudamiento, que prohiba a las famlias sobrepasar cierto umbral de deuda.
Si el asunto prospera, tendrá el apoyo de la mayoría de la población que sigue ahogada por la situación crítica en la que se ha visto envuelta sin comerlo ni beberlo, por la excesiva especulación de las entidades financieras por medio mundo.
Sin embargo, no hay que olvidar la parte de responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos en nuestra propia situación. Durante la época de burbuja inmobiliaria, todos quisimos vivir por encima de nuestras posibilidades, y los bancos y cajas se limitaron a alimentar un sentimiento que ya teníamos en nosotros.
Hoy, sobreviven sin problemas las familias que supieron administrarse adecuadamente y no cayeron en la vorágine consumista de la compra impulsiva de viviendas. Por ello, no hay que caer en la excesiva regulación y apelar a la responsabilidad personal de los ciudadanos.
El Parlamento, eso sí, debe de evitar que las entidades de crédito tengan las herramientas, que han tenido durante estos meses, para abusar de estos ciudadanos. Y como el Parlamento no lo ha hecho por sí mismo, es interesante que surgan iniciativas como la IPL.