Todos lo sabíamos ya, o al menos lo intuíamos, pero ahora tenemos alguna razón más para creerlo: según la asociación de técnicos de Hacienda, aproximadamente el 55% de los alquileres de pisos en España no se declaran, lo que supone unos 3000 millones de euros.

El dato lo han obtenido cruzando los datos de Hacienda con los del Ministerio de la Vivienda, así que lo que menos se explica uno es por qué lo publican y no le acaban de meter mano.

La respuesta, quizás, esté en que saben que aflorar toda esa economía sumergida tendría seguramente consecuencias muy graves y prefieren hacer la vista gorda, como en casi todo, ya que estamos en el país donde las leyes se publican con mero carácter folclórico.

El peligro de destapar este fraude, tan sencillo de detectar desde que la ley obliga, por ejemplo, a que las compañías eléctricas declaren los consumos de cada vivienda, tiene básicamente dos frentes:

–El miedo a que una mayor presión fiscal sobre los alquileres redundara en un encarecimiento automático de estos, en un momento en el que las economías familiares no están para muchas alegrías y la popularidad del gobierno menos aún. En ese sentido, me parece que llevan razón: si los propietarios tienen que pagar ochocientos euros al año, por poner una cantidad, no dudan ni un segundo en subir el alquiler lo que haga falta para trasladar ese coste al inquilino, como pasó con la subvención.

-La consciencia de que muchos propietarios de viviendas alquiladas no son especuladores o terratenientes, sino gente que ha cambiado de vivienda por razones de trabajo y que pagan la hipoteca con el alquiler, o pensionistas que complementan su pensión alquilando la vivienda antigua, después de mudarse a una más pequeña. En cualquiera de los dos casos, apretar el pistón podría suponer un problema político, económico y social demasiado grave.

¿Vosotros cómo lo veis?, ¿pedimos que cada cual pague lo suyo o miramos para otro lado?