Cada vez somos más pobres, pero hay menos viviendas
Hoy mismo, jueves, día 17 de enero, se firmará el Fondo Social de Viviendas, un convenio firmado por la Asociación Española de la Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y el Gobierno, en virtud del cuál se cederán un total de 6.000 inmuebles por parte de las entidades financieras destinadas a las familias que han sido víctimas de un desahucio y que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Las entidades han hecho públicas sus aportaciones y destaca la de Bankia que aportará 1.000 viviendas, seguida de BBVA, con 899, CaixaBank 850 y el Grupo Santander que cederá un total de 590 inmuebles. En menor medida tenemos a Banco Mare Nostrum, con 180 inmuebles, Ibercaja, con 105, Banco Ceiss, con 100, Kutxabank, con 150, Catalunya Bank, 355, Unicaja, 98, Liberbank, 96, Caja 3, 20, Caixa Pollençá, 1, y Caixa Ontinyent, que aportará 14 viviendas.
El problema, una vez más, con este gobierno, es que las condiciones de acceso para las familias serán muy restrictivas, de forma que el colectivo de ciudadanos que se podrán beneficiar de este fondo de viviendas será muy limitado. Según las fuentes del gobierno esta iniciativa está dirigida a familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos a cargo, familias con un menor de tres años, aquellas con un miembro en situación de dependencia (con discapacidad del 33%), en las que el deudor hipotecario esté en desempleo y sin prestación y las familias en las que haya víctimas de violencia de género.
Pero eso no es todo, porque aparte de este condicionamiento, llamémoslo social, también existe una restricción económica. De manera que la unidad familiar debe de tener unos ingresos tres veces inferior al Indicador Público de Rentas (IPREM), lo que situaría los ingresos familiares en unos 1.597 euros mensuales, la carga hipotecaria debe de haber crecido al menos 1,5 veces desde el año 2008 y la cuota hipotecaria mensual debe de superar el 50% de los ingresos familiares. ¡Casi ná!
Una vez superados estos condicionamientos la familia tendrá derecho a acceder a una vivienda de este Fondo Social en la que tendrá que abonar un alquiler que oscilará entre los 150 y los 400 euros, durante un período de 2 años, prorrogable uno más. Y el límite máximo de la renta, en todo caso, será el 30% de la renta neta familiar.
En definitiva, se trata de una iniciativa interesante, que queda en agua de borrajas como consecuencia de las dificultades de acceso pero que al menos servirá de tabla de salvación para muchas familias. Es triste, pero ¡mejor esto que nada!