La ley del banco: sólo pueden ganar ellos

Hasta hace bien poquito nadie había oído hablar de ellas, eran como ese familiar del que no sabes nada, pero que luego resulta que aparece de buenas a primeras y te dice que es tu primo, tu tío, o vete tú a saber quien demonios es.

Han aparecido en el momento en el que el Euribor ha comenzado a desplomarse, y entonces hemos comprendido, pobres inocentes, que las entidades financieras no son tontas y se cubren ante cualquier situación, por ejemplo, que bajen los tipos de interés.

Incrédulos hemos acudido a nuestros contratos de hipoteca, porque no nos podíamos creer que nuestra cuota no estuviera bajando al mismo ritmo que los tipos de interés, y hemos encontrado, sí, allí escondida, donde nadie la podía ver, donde nadie acudiría a buscarla, a la cláusula suelo, esa maldita que tanto daño nos está haciendo ahora.

Según ha denunciado la organización de consumidores FACUA, todos nosotros que pagamos nuestras hipotecas religiosamente, estamos perdiendo alrededor de 2.000 euros, una cantidad que nos la podríamos estar ahorrando, pero que estamos condenados a seguir pagando a los bancos y cajas.

Este es el tipo de abusos de los que los Gobiernos deberían de protegernos, porque no es justo que exista una cláusula suelo y no exista, por ejemplo, una cláusula cielo, no puede ser que siempre ganen los mismos, y que todo vaya al mismo saco.

Desde mi punto de vista, el Gobierno debería de emitir una serie de cláusulas generales que todos los contratos de hipoteca deberían de tener, y otras tantas que no fueran permitidas, bajo ningún concepto, en este tipo de contratos.

Para eso están los gobiernos, para salvaguardar los intereses de sus ciudadanos, nada de para salir en la foto, ni para lucir palmito en las reuniones de postín.

Sin embargo, mucho me temo que los intereses creados por las entidades financieras son demasiado importantes como para que un Gobierno, sea del signo político que sea, pueda llegar a imponer un control sobre los contratos que firman.

Eso sí, siempre debería de haber cierta libertad para que cada entidad pueda establecer sus condiciones particulares, dentro de un marco regulatorio común.

Si no, lo que sucede es que los grandes perjudicados seguimos siendo, como siempre, los consumidores que nos limitamos a pagar nuestras cuotas mensuales.