Aunque en el pasado mes de noviembre se contabilizaron un total de 5.000 operaciones de compraventa más que en el mes anterior, es decir, más que en octubre, en términos interanuales nos encontramos con un descenso del 14,4%, lo que no hace más que seguir con la tendencia que habíamos venido observando en los últimos meses.
De esta manera, el Instituto Nacional de Estadística, certifica que la situación del sector inmobiliario español está todavía muy lejos de iniciar la recuperación y aún se encuentra en proceso de caída libre sin solución de continuidad, y sin que parezca que pueda haber una solución en el corto-medio plazo.
El total de las operaciones de compraventa realizadas ascendió a 27.549, aunque, como siempre, debemos de relativizar los datos, ya que no se refieren a operaciones que se cerraran en el mes de noviembre, sino que son operaciones realizadas, en su plena totalidad, durante el mes de septiembre, y la estadística del INE sólo las recoge una vez que han sido registradas por el Colegio de Registradores de la Propiedad.
En cualquier caso nos encontramos con una serie negativa que ya acumula un total de 9 meses consecutivos de descensos, con el más marcado en agosto, con una caída del 38%, seguida de julio, con el 34,8%, abril, con el 29,7%, septiembre, con un descenso del 28,2%, junio, con una caída del 22,9%, mayo, con el 18,3%, octubre con el 18% y marzo, con un descenso del 11,9%.
En definitiva, que el nuevo gobierno del Partido Popular tendrá que realizar un gran cambio en la política inmobiliaria y de vivienda si quiere relanzar el sector que se encuentra bajo mínimos, y que necesita, de manera urgente, una ayuda global que le permita iniciar la senda del crecimiento económico, para lo que requerirá, sin duda, de la activación del crédito.
Un crédito que seguirá paralizado, al menos, hasta la segunda mitad del año 2012, una vez que las entidades financieras superen, las que puedan, los tests de solvencia y de liquidez impuestos por las autoridades europeas. A partir de ese momento se espera una cierta recuperación al no verse obligadas las entidades financieras a guardar liquidez para protegerse ante los estrictos requisitos financieros.