Zapatero anunció ayer la eliminación del Ministerio de Vivienda, uno de los Ministerios menos útiles de la democracia, y mira que tenía mucha competencia, en la crisis de Gobierno que generó Celestino Corbacho al anunciar su marcha y que ha aprovechado el Presidente para hacer un lavado de cara radical al Ejecutivo español.
Ya hacía mucho tiempo que se venía hablando de la inutilidad de esta cartera, que duplicaba, claramente, las funciones de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda, y que no ha aportado nada durante sus años de existencia.
Beatriz Corredor, la Ministra más desconocida del mundo mundial, no ha aportado ningún beneficio político a Zapatero, y lejos de aprovechar los recursos que le ofrecía una cartera ministerial se ha dedicado a pasar por la política con más pena que gloria y sin dejar ninguna huella.
La creación de este Ministerio prometía la lucha contra la burbuja inmobiliaria, antes de que estallara, y el cambio de modelo productivo. Pero al final, nada de nada, la burbuja estalló y nos salpicó a todos, y el modelo productivo se ha quedado para mejor ocasión ante la priorización absoluta de la austeridad pública en una lucha desaforada contra el déficit público.
Ahora, el Ministerio de Vivienda pasa a manos de José Blanco, o mejor dicho, queda adscrito al Ministerio de Fomento, con el objetivo de que la capacidad negociadora con las Comunidades Autónomas que ha demostrado ‘Pepiño’ Blanco durante su etapa al frente de Fomento pueda servir para llegar a acuerdos realmente útiles para los ciudadanos.
Sin embargo, todas estas maniobras políticas no resuelven las dos grandes cuestiones que preocupan a los ciudadanos hoy en día en materia de vivienda. Por un lado, es necesaria una ley que establezca la “dación por pago” como método de ejecución hipotecaria, para mantener un estado de equidad entre los ciudadanos y las entidades financieras.
Y, por otra, se necesita, de manera urgente, que el Parlamento apruebe una Ley que prohíba, de raíz, las cláusulas suelo y cualquier otro punto contractual que las entidades financieras añadan a los préstamos hipotecarios con el objetivo de aprovechar su posición de poder negociador.
¿Veremos algo así antes del fin de la legislatura?