Esta misma semana hablábamos de la nueva reforma hipotecaria planteada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento, y aunque las asociaciones de consumidores pedían más, nos parecía que podía tener algún aspecto positivo que debía de ser valorado en su justa medida, pero una vez que nos adentramos en el texto descubrimos algún aspecto ciertamente sospechoso, sobre todo el referente a los avalistas.
Y es que si una familia se encuentra en riesgo de exclusión social, pero el avalista que firmó en el momento de constitución de la hipoteca no lo está, será éste el que tenga que hacer frente al pago de las cuotas y el que se responsabilice del resto de la deuda pendiente.
La única posibilidad para que el avalista no tenga que hacer frente al pago de la deuda es que él mismo se encuentre en la zona de la exclusión social, con los mismos requisitos que el titular hipotecario, pero si tiene la solvencia mínima exigida por ley tendrá que hacer frente al pago de la deuda.
Esta cláusula resta importancia a la reforma hipotecaria, ya que aunque es cierto que se libera a los titulares hipotecarios de su responsabilidad para con la deuda, ésta recae de lleno en los avalistas que, generalmente, se encontrarán en situaciones problemáticas desde un punto de vista económico, no para entrar dentro de la exclusión social pero sí para no poder hacer frente al pago de sus deudas más la hipoteca sobrevenida.
Las asociaciones de consumidores y de hipotecados han criticado esta cláusula, y con razón, porque no se puede intentar ayudar a una familia en situación de exclusión social provocando que otra entre en esa zona o se quede muy cerca de alcanzarla.
Por el contrario, cuando los titulares hipotecarios se encontraran en estado de exclusión social deberían de poder acogerse a la dación en pago directamente, sin la posibilidad de que los avalistas se tengan que hacer cargo de la deuda, a no ser, claro está, que éstos mostrarán su interés en hacerlo.
En definitiva, nos encontramos con un claro impedimento a la aplicación de la reforma hipotecaria del gobierno que permitirá que los bancos puedan salvar la situación con cierta holgura.