Uno de los problemas más tontos y más frecuentes a la hora de formalizar una hipoteca sobre un inmueble de segunda mano es que a menudo no hay coincidencia entre la superficie que aparece en el registro y la que constata efectivamente el tasador en su informe.
Esto se debe a muy distintas circunstancias, pero en especial a la antigua legislación, que establecía tamaños máximos para los pisos de protección oficial y para las viviendas protegidas o subvencionadas de cualquier otro modo. Así, los promotores hacían la viviendas un poco mayores para poder venderlas más fácilmente, pero declaraban menos metros de los reales para poder seguir beneficiándose de las bonificaciones. Como en aquellos tiempos se pagaban muchas veces las viviendas a tocateja, o el banco concedía la hipoteca contra el certificado del constructor, no había ningún problema. O dicho de otra manera: si el Instituto Nacional de la Vivienda lo veía todo bien, el banco lo veía todo bien, pasara lo que pasase. Y no hacía preguntas. Cosas de las dictaduras, ya sabéis…
El problema viene ahora cuando tratamos de comprar una de esas viviendas y los metros no encajan. En principio, el banco no debería poner problemas, porque generalmente el tamaño real de la vivienda es superior al escriturado, pero aún así, al existir la divergencia de tamaño, las sociedades tasadoras lo señalan, y a veces el banco pide que se abra un expediente o acta de notoriedad o de mayor cabida.
De la clase de laberinto en que nos metemos por esa nimiedad hablamos otro día, si os parece.
Por hoy, baste esta nota entre histórica y práctica que, para mí, señala una cosa: a medida que pasa el tiempo parece que aumenta nuestra libertad, pero lo que en realidad ha aumentado es el volumen de papeleo que la simula y la variedad de pretextos con que se nos da órdenes cuando parecen solamente darnos recomendaciones y consejos.