A estudiar toca
Está claro que la necesidad es el mejor incentivo para cualquier circunstancia de la vida y el conocimiento no iba a ser menos. Cada vez hay más estudios que reflejan la mejora de conocimientos financieros que se está produciendo entre la ciudadanía española como consecuencia de la crisis económica, de manera que conceptos complejos y términos hipotecarios que antes todo el mundo desconocía se han convertido en el pan nuestro de cada día.
Y es que uno de los grandes problemas de la burbuja inmobiliaria fue que los ciudadanos contrataron productos que desconocían en toda su dimensión, y lo hacían fiados de la palabra del director de la sucursal que les estaba vendiendo el producto sin pararse a pensar que éste cobraba unos incentivos por volumen de ventas efectuadas.
De esa manera las sorpresas fueron viniendo a medida que las familias ya no podían pagar sus cuotas hipotecarias y comenzaron a recibir exigencias contractuales por parte de las entidades financieras, unas exigencias que desconocían haber firmado pero que, evidentemente, sí que se encontraban en el contrato hipotecario.
Las primeras cláusulas que comenzaron a llamar la atención fueron las cláusulas suelo, ya que muchas familias vieron como los medios de comunicación anunciaban una y otra vez que el Euríbor estaba bajando pero ellos no veían como sus cuotas descendían, cuando apenas unos años antes sí que habían sufrido las consecuencias de los incrementos casi exponenciales.
Pero el gran descubrimiento fue, sin duda, la dación en pago, o la ausencia de ella. La mayoría de los ciudadanos españoles, en su desconocimiento pleno, estaban convencidos de que si no podían pagar sus hipotecas podrían deshacerse de su deuda entregando la vivienda que hipotecaron en un inicio, craso error, porque no solo perdían sus vivienda sino que además mantenían una deuda insalvable con las entidades con las que firmaron.
Este hecho ha llevado a la bancarrota financiera a un gran número de familias españolas y ha hecho que todas las demás comprendan la necesidad de entender firmemente lo que firman en todo momento con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera de la propia familia.
Cierto, pero hay que matizar. Las familias no pidieron una vivienda, pidieron un dinero, nadie debió imaginarse que entregando una vivienda saldan su crédito. Deben un “dinero” y eso es lo que hay que devolver. Cierto que todo el mundo confió en el director “de turno” de la entidad financiera pero ¿es que acaso se creían que era él, personalmente, quien les dejaba el dinero?. La entidad financiera es de unos propietarios que sólo quieren ganar dinero, lo prestan, y quieren que se les devuelva con sus intereses (beneficios), sino no lo prestarían, no quieren viviendas, quieren dinero. No me creo que nadie, en el momento de adquirir su vivienda, se crea que entregándola salda la deuda, ya que la entidad financiera no la eligió, ni pactó su precio, por lo que no puede esa familia elegir cómo salda la deuda. Otra cosa es que existan razones de interés social por las que actualmente se obligue a las entidades prestatarias (rescatadas con dinero público) a que, bajo ningún concepto, dejen “en la calle” a ciudadanos con riesgo de exclusión social, y, lógicamente, este es el problema que deben solucionar los políticos.
Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, pero no a que se la paguemos entre todos los demás, y mucho menos a que pueda elegirla y decidir dónde la quiere, cómo la quiere y si va a pagarla o no.