Visto el panorama social uno podría pararse a pensar que el tema de la vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos de este país, pero a juzgar por la poca importancia que se le ha dado durante las jornadas del debate sobre el estado de la nación que se ha celebrado estos días debe de ser un problema menor.
Todas las intervenciones se han centrado en loar la labor propia, en el Gobierno, y en criticar todo, tanto lo criticable como lo que no lo es, por parte de la oposición. Poniendo el acento en la corrupción, como no podía ser de otra manera, y en el problema del desempleo, por supuesto, pero ¿qué pasa con la vivienda?
Se han limitado al “y tú más”, para no romper con la tradición, y al final nos hemos ido sin medidas concretas que nos podamos llevar a la boca, medidas con las que las familias en problemas puedan buscar un rayo de luz a su futuro y las familias que mantienen un poder económico aceptable, a pesar de la que está cayendo, puedan plantearse la compra de nuevas viviendas.
El problema ya lo conocemos todos, está diagnosticado. Hubo una burbuja inmobiliaria que explotó, bien, ahora llega el momento, de una vez por todas, de buscar soluciones reales para que nos podamos empezar a plantear el futuro.
Necesitamos una ley hipotecaria transparente, que permita una relación de igual a igual entre las entidades financieras y los clientes, para que éstos puedan decidir sus prioridades. Habrá clientes que apuesten por la dación en pago y otros que prefieran un tipo de interés más bajo.
Se necesita, desde ya, una bolsa de viviendas para alquiler social, pero una bolsa que sea eficiente, que no se plantee desde el punto de vista teórico, sino desde una visión más pragmática, con el objetivo de que sirva de colchón para las familias que efectivamente están sufriendo la parte más dura de la crisis.
Y necesitamos, por supuesto, que las entidades que han sido nacionalizadas con el dinero de todos abran el grifo del crédito tanto a empresas como a familias. No se trata ya de una cuestión de voluntad sino de obligación moral. Niegan el crédito a los mismos que les sufragan las pérdidas, ¡demencial!