Así nos estamos quedando los ciudadanos

Éramos pocos…, haciendo leña del árbol caído…, cualquier refrán similar nos hubiera valido par explicar la tremenda situación de la que hemos sido víctimas durante el año 2010 todos los ciudadanos españoles, y seguro que también durante los años anteriores, aunque no tengamos cifras de lo mismo, y es que según ha denunciado la OCU los notarios y registradores de la propiedad cobraron hasta 93 millones de euros de más en las facturas aplicadas por cancelaciones hipotecarias.

Unas cantidades que se cobraron en exceso sobre las minutas fijadas por el Decreto del Gobierno de 2007 que limitaba estas cuestiones con el objetivo de dinamizar, entonces ya, la venta de viviendas y permitir que los gastos no se dispararan hasta cantidades inasumibles para los ciudadanos.

Así, en virtud de dicho Decreto, la tarifa de un notario por una escritura de unas diez páginas no debería de exceder los 70 euros en una cancelación hipotecaria, mientras que la de un registrador de la propiedad, para una operación similar debería de situarse entorno a los 24 euros.

Sin embargo, las facturas analizadas por la OCU referentes al año 2010 muestran cantidades totalmente diferentes, ya que los notarios, por término medio, vinieron cobrando 260 euros por estos servicios, mientras que los registradores de la propiedad 144 euros, en ambos casos cantidades muy por encima de las fijadas por el Gobierno.

Ahora la OCU ha denunciado estos hechos ante el Ministerio de Justicia y ha solicitado que se devuelvan las cantidades a las personas afectadas, de la misma forma que se detengan de manera inmediata estos abusos para permitir que el sector inmobiliario se formalice de una manera justa y equitativa para todas las partes.

Pero no podemos dejar pasar por alto una reflexión que debemos de realizar entre todos y es que si ahora nos enteramos de este abuso gracias a la denuncia de la OCU, de cuantos otros abusos no hemos llegado a conocer nada, o de cuantos otros somos todavía víctimas, sin que ninguna autoridad pública tome cartas en el asunto y haga que los reglamentos y las leyes se cumplan de manera correcta en beneficio del adecuado desarrollo de la actividad económica.